Juicio de los Cuadernos: la Justicia sostuvo que Cristina Kirchner recibía “el fruto de la corrupción” en “las puertas de sus viviendas”

Los sobornos vinculados al servicio de transporte fueron las acusaciones leídas en la anteúltima audiencia del juicio Cuadernos de este año. A lo largo de la lectura de los requerimiento del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), detallaron el circuito de coimas y los porcentajes que se abonador: un 5% de forma trimestral.

Durante la lectura de la acusación, los integrantes del juicio destacaron que la ex presidenta era “el último eslabón” de las coimas y sostuvieron que Cristina “percibía el fruto de la corrupción en las puertas de sus propias viviendas”.

Una de las pruebas iniciales en este expediente fueron las anotaciones de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. Esos cuadernos fueron calificados por la justicia federal en etapa de instrucción como una “bitácora de la corrupción”.

Allí se especificaron horas, días, lugares de encuentro entre ex funcionarios y empresarios algo que el Ministerio Público Fiscal definió como “pactos venales” a través de los cuales “todos ganaban”. De esta manera los acusadores desarmaron la tesis de los dueños de diversas compañías quienes buscaron postularse como personas que operaron bajo extorsión.

En este tramo de la acusación se indicó: “Ha sido probado con la exigencia que esta instancia requiere que en el marco de la empresa delictiva, Cristina Kirchner, Julio Miguel De Vido, Ricardo Jaime, y Juan Pablo Schiavi acordaron con Benjamín Romero y Aldo Benito Roggio, el pago de sumas de dinero con el fin de que los funcionarios que integraban la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dichas empresas”.

En este punto se habló de “pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo”.

Bajo esa premisa, lo que señaló la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli durante la instrucción, las erogaciones investigadas en este tramo, “no se trataron de una mera dación desconectadas de todo beneficio pretendido por el dador, sino por el contrario, de un acuerdo corrupto, entre privados y funcionarios públicos, es pos de obtener, de un lado como del otro, beneficios de carácter patrimonial”.

Ese dinero “era en procura de que el funcionario público haga algo relativo a sus funciones: mantener las concesiones recibidas y las sucesivas entregas de subsidios, a cambio del pago de un retorno de parte de ese ilícito beneficio”.

Los empresarios eran quienes pagaban “en dinero en efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la persona del Secretario de Transporte.”

El Ministerio Público entendió que Jaime en su carácter de Secretario de Transporte “solicitó el pago del cinco por ciento (5%) de los pagos recibidos en concepto de subsidios, explicando que a tal requerimiento se accedió pagando mensualmente en dinero en efectivo. Precisó que “la gente de Metrovías S.A.” se lo entregaba directamente a él, no recordando si era en pesos u otra moneda”.

Las manifestaciones de Roggio concuerdan con las de Benjamín Romero, “tambien empresario del transporte ferroviario, y dan cuenta de los pagos de sumas dinerarias al Secretario de Transporte Jaime a cambio de que les garantizara la continuidad de las concesiones y las erogaciones del Estado”, sostiene la acusación.

En efecto, Romero como directivo de las empresas Ferrovías SA, concesionaria del servicio de ferrocarriles Belgrano Norte e Hidrovías SA a cargo de una de las rutas navegables del país, cuando declaró como arrepentido, “reconoció haber ofrecido dádivas a Ricardo Raúl Jaime, en primer término, y Juan Pablo Schiavi después, equivalentes a un cinco por ciento (5%) del monto de los subsidios percibidos en relación a los servicios del ferrocarril Belgrano Norte, como así, la suma de quinientos mil dólares (U$D 500.000) a Jaime por mantener la concesión de la hidrovía”.

En ese marco se leyeron en la audiencia del juicio, las acusaciones atribuidas a la ex Presidenta alrededor de los sobornos vinculados al servicio de Transporte.

Se sostuvo que Cristina Kirchner “fue el último eslabón en la recepción de las sumas de dinero recabadas dentro de la esfera de la Secretaría de Transporte, y su intervención en la recepción de los pagos producto de los acuerdos espurios celebrados con Romero y Roggio ha sido probada con la certeza que este momento del proceso requiere”.

Además de recordar que la principal acusación que pesa sobre ella es haber sido “jefa de la asociación ilícita” corroborada en el expediente principal, en este tramo conexo, “detentó un rol activo en lo que concierne al sistema de recaudación de dinero instaurado”.

Las pruebas recabadas en este caso conexo, permitieron al Ministerio Público Fiscal, sostener que las entregas de dinero recibidas por los integrantes de la asociación ilícita, “con motivo de los pactos acordados con los empresarios señalados fueron, en último término, trasladadas a inmuebles que eran utilizado por Cristina Kirchner”

En este caso se citó el departamento ubicado en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de la Capital Federal, “inmueble del que se valía la organización para acopiar el dinero retirado de las distintas empresas. En este lugar el dinero era recibido por el entonces secretario privado Héctor Daniel Muñóz”.

En las anotaciones de Centeno, según constató la fiscalía, se detectaron menciones “que demuestran que la recolección de sumas de dinero de “transporte”, “trenes” y “subsidios” eran llevados a Daniel Muñóz al domicilio ubicado en la calle Uruguay 1306 de esta ciudad”.

La acusación construida en este expediente que se enfoca en el circuito de pagos ilegales alrededor del servicio de transporte que dependía de Jaime y Schiavi, colocó a Cristina Kirchner como la “principal receptora de las coimas”, era quien “tomaba posesión final del dinero otorgado por los privados, resultado ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con el dinero entregado en carácter de sobornos y ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor durante el período que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional”.

En este punto se hizo otra distinción: la ex presidenta, junto a Néstor Kirchner, participó “en la ideación y conformación de la matriz de corrupción descripta, dirigiendo y controlando el modo en que se desarrollaba este mecanismo”.

Fue cuando se leyó durante la audiencia, que Cristina Kirchner “percibió el fruto de la corrupción en las puertas de sus propias viviendas”.

El martes próximo se leerán las acusaciones vinculadas a los Corredores Viales, tanto el requerimiento del Ministerio Público Fiscal como el de la querella. De esa manera, concluirá el desarrollo del juicio que inició el 6 de noviembre por este año.

Las audiencias se retomarán en febrero cuando concluya la feria judicial de verano y será el momento de escuchar los planteos de las partes en el marco de las cuestiones preliminares. Ya confirmaron 19 defensas que aprovecharán esta instancia.

La fiscal general, Fabiana León, solicitó al TOF 7 que explique “en qué lugar seguirá el juicio”, y fue cuando el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori explicó que hasta febrero, las audiencias continuarán de manera virtual y sólo en la instancia de indagatorias se pasará a la presencialidad.